El pasado 1 de marzo de 2023, entró en vigor la Ley Trans en España. En ella se establecen políticas públicas de educación, trabajo, esparcimiento y ocio, para promover la igualdad efectiva de personas lesbianas, gays, bisexuales, transexuales e intersexuales.
Según sus impulsores, busca erradicar la discriminación y
vivir la orientación sexual en libertad.
La Organización Mundial de la Salud, eliminó recién la
transexualidad de los trastornos
mentales y de comportamiento. Además, reconoce la condición de refugiado, o
persecución por motivos de identidad sexual.
Pero ¿Dónde empieza la polémica?
En esta ley, se establece que todas las personas lesbianas,
gays, bisexuales, transexuales e intersexuales tendrán garantizados derechos de
acceso a la educación, no discriminación el el trabajo, servicios de salud, e
incluso en aspectos de ocio y esparcimiento.
También una nueva definición
jurídica conocida como intersexualidad, se agrega, y significa que una persona
recién nacida podrá no ser definida con algún sexo a petición de los padres,
durante el plazo máximo de un año.
También adolescentes
de 12 a 14 años, podrán promover la modificación registral de sexo y en caso de
que sus padres estén en desacuerdo, buscar un representante legal.
También establece que toda persona de nacionalidad española
mayor de dieciséis años podrá solicitar por sí misma ante el Registro Civil la
rectificación de la mención registral relativa al sexo.
¿Cuáles han sido los resultados?
De acuerdo al medios españoles, en la primera semana de la Ley Trans, un elevado número de solicitudes de varones han presentado su solicitud en registros civiles en un intento de sacar provecho del nuevo género, a decir de los propios trabajadores de los registros civiles.
